Hay cuatro ámbitos importantes en el progreso: el judicial, el de la seguridad, la educación y la salud. Cuando los problemas persisten en éstos, es necesaria la intervención de todas las autoridades, sobre todo de aquellas que representan directamente al ciudadano.

Con ese objetivo, la Segunda Visitaduría de Derechos Humanos, encabezada por Luis Medina Garcés, trazó la semana pasada un plan de acción que comienza hoy en Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, con atención en esos cuatro rubros (los de más quejas) para registrar deficiencias y recomendar en consecuencia. 

En el ámbito judicial perdura la desconfianza hacia agentes del Ministerio Público, policías judiciales y por la implementación paulatina del nuevo sistema de justicia. Con todos sus beneficios, este sistema de oralidad ya vigente en algunos municipios debe ser reconocido en breve para adquirir la legitimidad absoluta deseada.

Durante septiembre casi la mitad de las quejas presentadas en la Segunda Visitaduría fue contra judiciales, lo que sigue representando un problema para la PGJE. 

En seguridad, esta semana inicia el recorrido en cárceles para verificar quejas de reos y familiares. Bajo el supuesto de que no sólo reclaman para intentar consolidar el control interno, las autoridades deben comprobar si hay sobrepoblación, hacinamiento, venta de droga, malos tratos y diversas actividades dañinas para el funcionamiento de los reclusorios.

El mayor problema es que las cárceles forman parte del ciclo que fortalece a la delincuencia, ya que desde su interior se planean y ejecutan delitos.

Pese a la profesionalización de agentes, policías, jueces y magistrados, el combate a la impunidad debe ser incansable en todos los frentes. Un ejemplo de esa lucha lo dieron el procurador de Justicia, Gaspar García Torres, y el secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, Arturo Olivares Mendiola: el primero sostuvo que ha habido más de 600 cambios de adscripción y más de 100 bajas definitivas contra el personal desleal. El segundo reconoció que la Comisión de Honor y Justicia ha aplicado procedimientos disciplinarios en no menos de 10 ocasiones, desde septiembre hasta mayo pasado (mes del último corte), con despidos o arrestos; en tanto, Asuntos Internos revisaba hasta esa misma fecha más de 400 expedientes contra uniformados por diversas faltas en el ejercicio de funciones.

En ambas corporaciones casi el 100 por ciento del personal ha sido evaluado en controles de confianza, lo cual otorga cierta garantía de un desempeño cada vez más aceptable. La idea ha sido romper la complicidad, la corrupción y la impunidad, y se ha avanzado.

En educación, lo del “bullying” sigue siendo prioridad debido a su repetición en planteles de Cancún. En este sentido habrá un enfoque más completo de atención para resolver una problemática cada vez más dañina no sólo en el desempeño académico, ya que sus víctimas padecen en lo emocional, lo psicológico y lo físico con terribles resultados.

En el sector salud, estos días se debe constatar la metodología de atención al público, pues se ha detectado situaciones que afectan a los pacientes. Aunado a la desatención, faltan medicinas, los diagnósticos son erróneos y los tratamientos son inconclusos.

Esta semana es clave para revertir lo negativo. La Segunda Visitaduría de Luis Medina debe demostrar que reacciona con propuestas y no sólo es paliativa. En todos los casos debe reflejar que enseña a los servidores públicos a brindar una atención adecuada. 

Hay todo un equipo renovado de abogados, psicólogos y gestores para perseguir de oficio o tras una querella de parte los actos u omisiones de la autoridad en materia de derechos humanos. Se está trabajando y ello da esperanzas.