La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró al menos 500 predios de la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), encargada de la regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, de Playa del Carmen.

Desde el pasado 5 de marzo, los inmuebles quedaron asegurados por la Agencia Décimo Quinta Investigadora, de la FGR, de la Ciudad de México, a petición del agente del Ministerio Público de la Federación, Juan Manuel García Moreno.

Lo anterior, de acuerdo con folios reales inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que la FGR ya registró a su favor para el aseguramiento.

Estos inmuebles actualmente son ocupados por familias en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, donde continúan habitándolas con normalidad. Los titulares no han logrado la escrituración a su favor.

Fue la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previsto en Leyes Especiales, la cual solicitó el aseguramiento de los bienes, con motivo del oficio UEIDAPLEXV-140/2024, relativo al expediente -QR/0000525/2024.

Esto ocurre a casi tres meses de que, en el ámbito local, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo cateara la sede de la Derimaya tras una orden emitida por un juez de control de Solidaridad. Este inmueble en particular, se ubica en la avenida Colosio casi con la 30, y sigue con la medida cautelar impuesta.

Derimaya es una sociedad mercantil creada en 1999 con la partición del 51% de acciones a favor del Gobierno del Estado y el 49% en poder Ofelia González Witt, según datos registrales de comercio que este medio de comunicación ha consultado. El objetivo era regularizar a las familias de la colonia Colosio, mediante contrato de compraventa de los terrenos y su escrituración.

Tras la toma de sus instalaciones, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que ocurrió el aseguramiento por la investigación de una denuncia presentada por el delito de administración fraudulenta.

Los miembros de la administración han buscado ampararse ante cualquier detención; sin embargo, hasta ahora, los jueces federales se han negado a protegerlos con alguna medida de este tipo.