Los jueces que fueron presionados por operadores del ex Ministro y presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para dictar sentencias en favor del Gobierno del presidente Andrés López Obrador ya iniciaron sus comparecencias y otros tantos ya fueron citados.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) giró los primeros citatorios a impartidores de justicia para que declaren sobre las presuntas amenazas que habrían recibido de parte de operadores de Zaldívar.

También requirió copias de algunos expedientes de amparo a órganos jurisdiccionales cuyos titulares presumiblemente fueron coaccionados para que dictaran fallos conforme se los indicaban desde la presidencia del CJF.

Testimonios obtenidos por N+Focus revelan un esquema que favorecía los intereses del círculo cercano al expresidente de la Suprema Corte. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado | Síguelo por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/KvA19HirJE

— NMás (@nmas) May 8, 2024

La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) del CJF envió los primeros citatorios por correos electrónicos oficiales a jueces de distrito y Magistrados de circuito, para que comparezcan en el expediente J/108/2024, confirmaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

El medio de noticias Reforma aseguró que los primeros jueces ya comparecieron el pasado lunes en las oficinas de la Judicatura Federal, en Insurgentes Sur, y para ello se les facilitó con anticipación los permisos para ausentarse de sus centros de trabajo.

#Entérate Jueces presionados por operadores del ex Ministro Zaldívar para dictar sentencias a favor del Gobierno de AMLO, iniciaron comparecencias #RegístrateGratis https://t.co/EdF7I3PTVx

— REFORMA Nacional (@reformanacional) May 8, 2024

Como parte de la misma investigación, el 2 de mayo, la UGIRA envió un oficio al Juzgado Primero de Distrito en Amparo en CDMX, solicitando un amparo que en 2021 promovió Moisés Mansur Cisneyros, presunto prestanombre de Javier Duarte.

Mansur reclamó la ilegalidad en favor del Gobierno federal para quedarse con el Rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, en cuya compra se lavaron los desvíos de Duarte, y que hoy está en manos del Ejército.

Con información de Reforma.