Ocho días de cierre del tramo elevado de la Línea 12 del Metro. Según las cifras oficiales, eso significa que se ha afectado a 3.2 millones de personas, que mañana serán 3.6 millones y de aquí a Semana Santa alrededor de 13 millones. Y contando.

Me quedo con dos frases obtenidas en entrevistas. Una, del director del Metro, Joel Ortega. Me dijo que, bien a bien, no sabían qué es lo que tenían que hacer para corregir las deficiencias que detectaron en las vías. Aventuró que podría tener el diagnóstico a principio de la próxima semana. Solo entonces se podría pronosticar con precisión cuánto tiempo estará cerrada la línea.

La segunda es del director de Relaciones Institucionales de ICA y vocero del consorcio constructor de la Línea 12, Gabriel Ibarra.

Me dijo que el problema es solucionable, que han presentado opciones y que están en la mejor disposición de ayudar a que se resuelva lo más rápido que se pueda.

Aseguró que en dos semanas “podríamos tener las vías plenamente disponibles para operación”. Y que, aunque entienden la decisión que tomaron las autoridades, no comparten el cierre de la línea: “Pensamos que con intervenciones oportunas, se podría seguir prestando el servicio completo a los usuarios”.

De ahí esta pregunta: si la autoridad no tiene un diagnóstico acabado del problema y los riesgos, y los constructores creen que la acción fue desmedida, ¿por qué cerró así el Metro afectando a millones de personas? Y esta otra: ¿el razonamiento conjetural de que podría haber ocurrido una tragedia puede avalar per se cualquier decisión?

Esperemos, pues, el diagnóstico de Joel Ortega.