Los movimientos internos en los diferentes institutos políticos están afectando los trabajos legislativos tanto en la Cámara Alta como en la Baja. 

Se tenía previsto como fecha límite el 18 de abril del 2014 para presentar  la legislación  secundaria de la reforma energética, ya que, según los artículos transitorios, para esa fecha el Ejecutivo debía emitir la reglamentación referente a las asignaciones, permisos, contratos, regulación de acceso a terceros, ventas de primera mano, mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas del manejo de los recursos derivados del petróleo.

El líder del Senado, el priista Emilio Gamboa Patrón, ya mandó las señales al Gobierno Federal de que no se meta o influya lo menos posible  en los cambios de la dirigencia nacional del PAN, ya que, de hacerlo, los senadores afines a Ernesto Cordero y cercanos al ex presidente Felipe Calderón pueden reventar las negociaciones o sacar una reforma secundaria que afectaría los intereses o los pactos que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto con los inversionistas  extranjeros y nacionales; además de que nada es casual, ya que al dar a conocer el gobierno  norteamericano una lista de empresas y empresarios que, según dice, lavan dinero, hace una advertencia de que los mercados internacionales no desean ver dinero del narcotráfico -al menos de origen mexicano- en la apertura del mercado petrolero.

Sabedor de lo difíciles que se están poniendo las negociaciones, el gobierno federal tiene como prioridad antes de que termine el 2014 la creación del Fondo Mexicano del Petróleo. 

En este proceso se deberán crear tres nuevos organismos: la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, el Centro Nacional de Control de Gas Natural y el Centro Nacional de Control de Energía. Pero, además, se deberá elegir a los nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los de la Comisión Reguladora de Energía, así como los consejeros independientes de Pemex y crear un fideicomiso público que administre las rentas petroleras por medio del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Al redefinirse las áreas estratégicas del Estado en hidrocarburos, la exploración y la extracción se mantienen bajo el dominio exclusivo del Estado, pero ahora  se permitirá que estas actividades se realicen mediante contratos a particulares que sean competitivos internacionalmente, mientras que en las áreas de transformación, refinación, almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados sólo se requerirán permisos.

En el borrador que está en la mesa de negociaciones se mencionan los cuatro tipos de contratos en la exploración y explotación que tendrán sus contraprestaciones en efectivo,  los de utilidad compartida cuya contraprestación es en  porcentaje de utilidad, en  producción compartida se espera que sean  los porcentajes de producción y en las licencias se tiene prevista  la transmisión onerosa de hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo. La aplicación significa grandes retos para el gobierno del PRI.