Hace un mes el presidente Peña Nieto declaró que la corrupción en México era un tema cultural. Lo hizo ante la exposición de los múltiples casos de corrupción de gobiernos emanados del partido al que pertenece.

Tal declaración define a la perfección –seguramente hay excepciones– cómo puede llegar a concebirse este mal en su instituto político: la corrupción es parte de la cultura y por eso hasta se justifica practicarla, tolerarla, entenderla y asimilarla. Casi fue una resignación étnica: “Ni modos, así nos tocó ser”. 

Es una loa a la irresponsabilidad personal en la función pública. En el extremo, la culpa no es del corrupto es de la cultura. Freud sería feliz con esa frase. El comportamiento irresponsable de alguien se debe a los traumas externos, a que le pegaron de niño, a su situación social, a su historia, etc.

Hay quienes piensan diferente. Un buen amigo, Ramón Llarena y del Rosario, insistía en que en México debemos ser “juaristas” en el sentido de que cada quien haga lo que le dé la gana siempre y cuando asuma  las consecuencias de sus actos y les sean exigibles, en vez de justificarse cargando la culpa a otros o a situaciones externas.

A los sociólogos les tocará dilucidar si el mal es o no cultural. Pero no es posible justificarlo.

En última instancia lo peor no es la corrupción, sino la impunidad ante la corrupción. Y de ello acaban de dar muestra los legisladores locales del PRI, PVEM y PRD al aprobar las “dudosas” cuentas de las administraciones estatal y municipal meridana concluidas hace dos años.

Resulta que dichas cuentas –contrario a lo demostrado– son tan limpias, transparentes, diáfanas, que lo único que les faltó añadir es que esas administraciones eran un ejemplo a seguir.

Pareciera ser que entre más corruptos, más impunes. Y entre más impunes, más aplaudidos. Será su cultura pero no la de la sociedad yucateca.