Agencias
FILADELFIA, Pensilvania.- Las dos ciudades más grandes de Pensilvania (Pennsylvania) demandaron el lunes al estado debido a una nueva ley diseñada para permitir a la asociación nacional que defiende la tenencia de armas, conocida como NRA, apelar en tribunales las ordenanzas locales relacionadas con armas de fuego.

La demanda constituye la más reciente lucha que escenifican ciudades de Pensilvania que intentan frenar la violencia derivada de las armas de fuego y a la Legislatura, que se ha resistido a nuevas formas de control a las armas en un estado de gran tradición de cacería.

En la demanda que presentaron ante la Corte de la Commonwealth, Filadelfia y Pittsburgh arguyen que los legisladores aprobaron la ley en violación a las disposiciones constitucionales diseñadas para fomentar la transparencia del proceso legislativo, según publica The Associated Press.

"Combatiremos este esfuerzo por todos los medios posibles. Hacemos lo correcto en el intento por garantizar la seguridad de la gente", dijo el alcalde de Filadelfia, Michael Nutter. "La NRA vuelve a equivocarse, como le es habitual", agregó.

Otros demandantes incluyen a la ciudad de Lancaster y cinco legisladores demócratas de Pittsburgh y el área de Filadelfia.

El senador estatal Daylin Leach, demócrata de Montgomery, dijo que "la manera como fue aprobada esta iniciativa fue una violación flagrante de las normas básicas de la Legislatura, a lo que nos consideramos obligados a actuar".

En general, Pensilvania prohíbe a sus municipalidades aplicar ordenanzas sobre armas de fuego que rebasen la ley estatal. Sin embargo, la NRA se ha quejado de que decenas de ordenanzas locales no son recurridas en cortes de Pensilvania por residentes que pueden demostrar que les perjudican.

Según la nueva ley, un poseedor de un arma ya no tiene que mostrar que le perjudica una medida para impugnarla eficazmente en tanto que "organizaciones de miembros" pueden presentar una demanda a favor de cualquier integrante en Pensilvania.

El apelante también podría buscar indemnización y los oponentes a la ley temen una oleada de demandas caras contra las municipalidades.