EFE
BOGOTÁ, Colombia.- El Gobierno colombiano y las FARC se acusaron de torpedear la liberación del general Rubén Darío Alzate, cuyo protocolo de entrega está listo desde el sábado pero no avanza por supuestos enfrentamientos entre las partes que frenan el inicio de la misión.

En la víspera de que se lleve a cabo la entrega de los soldados César Rivera y Jonathan Díaz en un lugar acordado del departamento de Arauca (este), donde fueron secuestrados el 9 de noviembre, la confrontación entre el Estado y la guerrilla se ha trasladado 700 kilómetros hacia el oeste, al Chocó.

En este selvático departamento permanecen secuestrados por las FARC desde hace una semana el general Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, cuya retención causó la suspensión temporal de los diálogos de paz por parte del presidente Juan Manuel Santos.

Para resolver esta crisis, la más grave desde que se inició el proceso de paz en La Habana hace dos años, ambas partes acordaron pocos días después, en un tiempo récord en lo que se refiere a la liberación de secuestrados, la entrega de estos tres cautivos y los dos soldados de Arauca.

Pacto violado

Sin embargo, tras alcanzar el acuerdo, avisar al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que recibirá a los liberados y poner en marcha los protocolos, nada más avanza en el Chocó, donde hoy las partes se acusan de inacción e incluso de enfrentamientos que torpedean la misión.

El líder máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", denunció en un comunicado que la suspensión de la actividad militar necesaria para la entrega no se está cumpliendo.

Además, acusó a Santos de organizar "paralelamente una operación militar" para recuperar a los secuestrados a través de un rescate.

"Como sucede con la mesa (de diálogo) y el proceso, Santos pacta los protocolos, pero insiste en arrebatar por la fuerza los prisioneros, obstaculizando objetivamente el cumplimiento de aquellos. Es decir, viola nuevamente lo pactado", manifestó.

Ataques feroces

La semana pasada, tras conocerse el secuestro, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, desplegó en la zona a unos 500 soldados encargados de buscar "hasta que sea necesario" a Alzate, y aunque esas órdenes cambiaron cuando las partes acordaron la liberación humanitaria, los militares continúan en el Chocó.

El líder de las FARC afirmó que estos soldados realizan "sobrevuelos, bombardeos y ametrallamientos" que "crecen en ferocidad" cada día.

"Se insiste en un rescate por la fuerza, quizás en precipitar una desgracia que ninguno desea. Esa es la verdadera catadura del régimen. No hay que llamarse a engaños, Santos juega a lo mismo", denunció.

En la misma mañana, los negociadores de las FARC en La Habana aseguraron desde Cuba tener conocimiento de que el Ejército, a través de un "ruidoso operativo" que incluía "choques terrestres con la guerrilla" y pidieron al Gobierno "prudencia y sindéresis para no obstruir la liberación".

Excusas

A ellos les respondió el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, que desmintió cualquier intento de rescate y aclaró que el despliegue militar solo busca proteger a la población.

"Lo único que estamos realizando en el departamento del Chocó son operaciones de control territorial y de seguridad de los habitantes por estos grupos terroristas y en particular de las FARC, que operan en la zona", afirmó.

Bedoya explicó que hasta que la guerrilla no facilite las coordenadas geográficas para la entrega no se puede suspender la actividad militar, y criticó que el grupo subversivo ponga estas "excusas" para no liberar a los secuestrados pues, indicó, las FARC conocen cómo funcionan estas misiones.

Entre el cruce de acusaciones, líderes comunitarios y representantes de la Iglesia del Chocó (noroeste) aseguraron que han percibido los supuestos enfrentamientos y que están atemorizados.

"Es una de las cosas que nos tiene atemorizados. Nunca se habían escuchado explosiones tan fuertes, al punto que han caído vajillas por la vibración de los explosivos", relató a periodistas en Quibdó, la capital regional, Rosmira Salas, representante del consejo comunitario del río Atrato, donde se producirá la entrega.