EFE
RIO DE JANEIRO, Brasil.- El gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, sancionó el lunes una ley que prohíbe la fabricación, venta, porte o distribución de réplicas de armas, incluso las de juguete, en una nueva medida para combatir el crimen en el segundo estado más poblado de Brasil y el más emblemático del país.

La norma obliga a tiendas y personas que poseen réplicas de armas a entregarlas en las comisarías de Policía para su destrucción y contempla multas para aquellos que no cumplan.

La legislación, de autoría de la diputada regional Martha Rocha, que fue jefe de la Policía Civil del estado de Río de Janeiro hasta hace un par de años, busca evitar el uso de réplicas de armas en asaltos y otros crímenes.

En diferentes ocasiones, la Policía se ha incautado de réplicas en las manos de asaltantes arrestados en flagrancia y las propias víctimas han admitido haber sido amenazadas con juguetes que confundieron inicialmente con armas.

Fuertes multas

La ley prevé multas de hasta 100 mil reales (unos 30 mil 300 dólares) a las tiendas que exhiban, ofrezcan o vendan las réplicas y ese valor puede doblar en caso de que la venta sea hecha a un menor de edad.

Los comercios que violen la ley también pueden perder su licencia temporal o permanentemente.

"La simple prohibición sin una sanción impide que la legislación sea eficaz. Una de las finalidades de la ley es desincentivar el uso de armas de juguete en delitos. La Policía ha constatado frecuentemente este tipo de casos", aseguró la diputada y excomisaria de policía en un comunicado.

Río de Janeiro era hasta hace pocos años uno de los estados más violentos de Brasil, con tasas de homicidios por encima de las de muchos países en guerra, pero ha conseguido reducir la criminalidad con diferentes estrategias, varias de las cuales puestas en ejecución con vista a los Juegos Olímpicos que organizará en 2016.

Baja la criminalidad

Según estadísticas divulgadas recientemente, el estado de Río de Janeiro registró en junio pasado 272 homicidios dolosos, el menor número para un mes en los últimos 24 años, desde que los datos comenzaron a ser computados oficialmente en 1991.

Parte de la caída de la criminalidad puede ser atribuida a la política de seguridad pública impulsada por el Gobierno regional desde 2008 para instalar puestos policiales permanentes en favelas antes controladas por bandas de narcotraficantes.

La instalación de las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las barriadas pobres en que los pistoleros imponían su ley fue uno de los compromisos asumidos por las autoridades de Río de Janeiro para adjudicarse la organización de los Juegos Olímpicos.

Hasta hace una década, los enfrentamientos armados entre las bandas de narcotraficantes y los grupos policiales eran rutinarios en Río de Janeiro, que era considerada entonces una de las ciudades más violentas de América Latina.