Agencias
BUENOS AIRES, Argentina.- El juez Claudio Bonadío solicitó el jueves las declaraciones impositivas y patrimoniales de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández; de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, y de los hijos de ambos, Máximo y Florencia.

Así, por orden del juez, un grupo de policías acudió a la sede de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para llevarse la documentación correspondiente en el marco de la investigación que lleva a cabo Bonadío por sospechas de lavado de dinero, según informa Notimex.

La semana pasada, el magistrado ordenó un allanamiento a las oficinas de Hotesur, empresa en la que la presidenta tiene acciones y que maneja hoteles de lujo en la patagónica provincia de Santa Fe.

Hotesur reconoció que había cometido irregularidades en la presentación de sus balances comerciales, pero descartó que se trataran de delito alguno y afirmó que apenas si eran faltas administrativas que ameritaban multas menores.

Sin embargo, Bonadío siguió adelante con el caso y este jueves pidió las declaraciones juradas que Kirchner presentó de 2008 a octubre de 2010, fecha en la que falleció, así como de uno de sus amigos y principal beneficiario de la obra pública durante los últimos 10 años, Lázaro Báez.

El juez investigará los nexos que hay entre Hotesur y el grupo empresarial formado por Báez, quien ya está involucrado en varias causas por sospechas de lavado de dinero.

Incumplimiento de deberes

En respuesta, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, denunció a Bonadío ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño de sus funciones.

Además, exigió un juicio político en su contra al considerar que es un juez que “extorsiona a través de sus causas judiciales, esto lo sabe todo el mundo es un pistolero”.

También recordó que, en 2005, Bonadío fue apartado de la investigación por el ataque terrorista sufrido en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) por haber protegido a su “jefe político”, Carlos Corach, quien fuera ministro del Interior durante el segundo gobierno de Carlos Menem (1995-1999).

La víspera, el senador oficialista Marcelo Fuentes denunció a Bonadío en los tribunales por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.