Agencias
MÉXICO, D.F.- Militantes o no que aspiren a un cargo de elección popular el año próximo postulados por el PRI, deberán suscribir una carta compromiso en la que aceptarán que se investiguen sus antecedentes, aseveró el líder nacional priista, César Camacho Quiroz.

Al clausurar ayer la segunda sesión del Parlamento Ciudadano: “Seguridad Ciudadana, Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, detalló que a través de ese documento autorizarán al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a investigar su situación patrimonial y fiscal.

Detalló que se indagará sobre la existencia de antecedentes penales, conductas antisociales que pueden ser no delitos pero que igual agravian a la comunidad, y deberán someterse a pruebas de antidopaje y de polígrafo.

Ante líderes sociales de diversas organizaciones, subrayó que ello tiene como fin asegurar la legalidad y transparencia, y evitar el “saqueo moral de nuestros valores”, de ahí que deberán permitir que el partido tricolor les aplique dichas pruebas.

Además, se les investigará para corroborar que no tengan vínculos con la delincuencia organizada, que no sean adictos a las drogas ni a nada que se le parezca, pues “coincidimos en que la producción de seguridad comienza en la construcción de ciudadanía”, enfatizó.

El anuncio se da a conocer en el marco de la crisis que enfrenta el PRD, luego de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, de la que se acusa al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, actualmente preso y quien fuera postulado por el partido del Sol Azteca.   

Antecedentes

Al respecto, el 14 de octubre pasado, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y el del PRD, Carlos Navarrete, acordaron crear un mecanismo que blindara las elecciones del 2015 para que los candidatos no tengan relación alguna con el crimen organizado.

Un día después, César Camacho, del PRI, dijo que los líderes de los tres principales partidos ya tenían un acuerdo en lo elemental para investigar a los candidatos que postularán en 2015.

El 16 de octubre, los líderes de las tres principales fuerzas políticas en México (PRD, PAN y PRI) pactaron una reunión para poner sobre la mesa los temas de inseguridad que azotan al país, además de estructurar un acuerdo para el blindaje electoral en las elecciones 2015 que evite candidatos vinculados al crimen organizado.

Transparencia en elecciones

Respecto al parlamento, Camacho Quiroz destacó que este espacio facilita el diálogo colaborativo, transparente, democrático y sobre todo constructivo.

Incluso reconoció que muchos de los planteamientos de las mesas de trabajo de ese parlamento “empatan con nuestras convicciones, como lo del blindaje electoral”, a fin de asegurar la legalidad y transparencia en las elecciones.

En tanto, los líderes sociales participantes en el Parlamento Ciudadano coincidieron en que la educación es el eje central de la prevención del delito.

En representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Huerta opinó que es necesario modificar el sistema educativo e incrementar la educación en temas de derechos humanos, valores cívicos y éticos, así como participación ciudadana mediante campañas que incentiven la honestidad y el respeto.

Asimismo, establecer esquemas de evaluación de perfiles de funcionarios públicos y de los candidatos a puestos de elección popular, así como de combate a la corrupción al interior de las instituciones y continuidad en las políticas públicas en los tres órdenes de gobierno.

Crisis política

Por su parte, la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, consideró que entre los desafíos de México están la crisis política, la corrupción, la impunidad, la falta de confianza en las instituciones y la apatía ciudadana.

Ante ello, propuso invertir la pirámide de manera que las políticas públicas surjan a partir de los municipios y las delegaciones, a fin de captar las necesidades y elevarlas al ámbito estatal o del Distrito Federal y luego al ámbito federal.

Gabriela Goldsmith, de Código Ayuda, planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan replicar experiencias exitosas, fortalecer el papel de la sociedad civil como contrapeso del poder mediante mecanismos como la resistencia civil pacífica y ordenada.

Asimismo, depurar la reglamentación excesiva, que los Congresos locales ratifiquen a los secretarios de Seguridad Pública, y crear una mesa ciudadana a nivel nacional que sea permanente para profundizar en las políticas públicas, concluyó.