EFE
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR) ejerció dos órdenes de aprehensión libradas en contra de Gildardo López, presunto miembro del cártel Guerreros Unidos que jugó un papel clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace casi un año.

López, alias "el Gil", fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde quedó a disposición de un juez por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por miembros de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.

La de secuestro la otorgó el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, mientras que la de delincuencia organizada la emitió el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, radicado en la misma urbe.

Las fuerzas de seguridad detuvieron el miércoles a López en la ciudad de Taxco, Guerrero.

El detenido actuaba como presunto jefe de un grupo dedicado a la extorsión y a la distribución de droga, especialmente en los municipios de Iguala y Cocula.

Graves irregularidades

"El Gil" está vinculado con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Varios imputados en este caso lo señalan directamente como el autor material.

Según la versión oficial, esa noche un grupo de policías a sueldo de Guerreros Unidos dispararon en Iguala contra decenas de estudiantes por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca, supuestamente para evitar que sabotearan un acto oficial.

Seis personas murieron, incluidos tres alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y 43 jóvenes fueron detenidos por los policías y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero de Cocula.

Sin embargo, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudia el caso desde marzo pasado aseguró en un informe reciente que es imposible que los jóvenes fueran incinerados allí y denunció graves irregularidades en la investigación.